Estado Laico en Costa Rica

Hacia un Estado laico en Costa Rica

Este artículo apareció en la sección "Página Quince" de La Nación de hoy (ver publicación)

Con el apoyo de un grupo de diputadas y diputados de distintos partidos políticos, que han tenido la amabilidad y valentía de acogerlo, hoy será presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política. El primero actualmente establece la confesionalidad del Estado, mientras que el segundo otorga un carácter religioso al juramento que prestan los funcionarios públicos cuando asumen su cargo.

El proyecto ha sido preparado por el “Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica” (MELCR), una alianza informal que integra a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, la Universidad Bíblica Latinoamericana, la Iglesia Luterana de Costa Rica, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, el Movimiento Diversidad, la Agenda Política de Mujeres, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares, así como a otras personas no organizadas formalmente que hemos venido aportando de modo individual al grupo.

La propuesta persigue dos objetivos centrales. Primero, ajustar el concepto delibertad religiosa contenido en la Constitución a la doctrina moderna del derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, definir al Estado costarricense como laico, es decir, como un Estado que protege y garantiza la libertad religiosa, pero que se mantiene neutral en lo relativo a las elecciones que hagan los ciudadanos en esa materia; y, además, que no adopta ninguna clase de políticas públicas en función de criterios religiosos.

La primera de las normas citadas actualmente establece: “Artículo 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.” En vez de eso, proponemos que se lea así: “Artículo 75.- Toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos, o bien de no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad, conforme a la ley.”

En cuanto al juramento constitucional, planteamos que su texto sea el siguiente: “Artículo 194.- El juramento que deben prestar las personas que sean designadas en los cargos de la función pública, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: ‘–¿Jura por sus convicciones y promete a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República; y cumplir fielmente los deberes de su cargo?’ –Sí, juro. –Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo demande’.”

¿Por qué se considera necesario reformar esos artículos? El artículo 75 vigente otorga un estatus privilegiado a la religión Católica que no responde a la realidad multicultural de la Costa Rica del siglo XXI. Esa realidad, así como los compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de derechos humanos, exigen que el Estado costarricense sea neutral en materia religiosa. La Constitución debe proteger, en un plano de respeto e igualdad, a las personas de distintos credos, así como a las personas que hayan optado por no tener ninguno.

En cuanto al artículo 194, se considera que todas las personas –con indiferencia de su afiliación religiosa, o ausencia de ella– deben poder acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y dignidad. Puesto que el juramento es obligatorio para asumir una función pública, es necesario que su redacción también sea neutral en ese sentido.

Se podría preguntar si la reforma pretende perjudicar de algún modo a la Iglesia Católica o al catolicismo. La respuesta sería un claro e indudable “no”. El texto propuesto solo persigue eliminar un tratamiento privilegiado, colocando a todas las personas en un plano de igualdad frente al Estado, el cual no debería utilizar su influencia ni los recursos públicos para favorecer ni para desfavorecer a ningún credo.

Invitamos a todas y todos los costarricenses a estudiar y, ojalá, a apoyar esta iniciativa. Se puede obtener más información por medio del sitio web del MELCR, en la dirección www.estadolaico.cr. Esperamos que nos ayuden a construir un país de respeto a los derechos humanos, en el que la plena igualdad aleje de nuestras tierras los odios y conflictos que sumen en la violencia y la discriminación a otros pueblos.

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¿Qué significa que la mayoría diga ser católica?

Ana Lucía Fonseca R. Profesora de filosofía, Universidad de Costa Rica aluciafons@hotmail.com

 El Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés; por lo tanto, debe ser laico


estado-laico.jpgCosta Rica es hoy el único país latinoamericano que declara la confesionalidad del Estado en su Constitución Política. La razón legitimadora de este anacronismo es la misma de siempre: una confusión cuyo soporte ideológico consiste en extralimitar el principio de las mayorías.
La confusión. Esta se da entre el orden civil y el orden religioso, entre los derechos de la ciudadanía y los de la feligresía. Según el artículo 90 de la Constitución, la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponde a los costarricenses mayores de dieciocho años. Como es claro, no toda la población del país es ciudadana, pues la ciudadanía implica los derechos y deberes políticos que se adquieren, en principio, con la mayoría de edad.
En cambio, la feligresía es el conjunto de creyentes que forman parte de una comunidad religiosa, comparten un credo y practican un culto. En nuestro país, ciertamente, la feligresía más numerosa es la católica. Pero... ¿qué se sigue de esto?
La extralimitación. El argumento más frecuente para defender la confesionalidad del Estado costarricense apela al número, a una mayoría de creyentes: si la mayoría de la población dice ser católica, la religión oficial será el catolicismo. (Nótese aquí, aunque no ahondaré en el asunto, que una cosa es decir que se pertenece a una determinada religión y otra ser parte activa de su feligresía).
Según el argumento, entonces, las concesiones y beneficios dados por el gobierno del Estado a una iglesia (por ejemplo, permitir y legitimar su injerencia en la educación pública o exonerar de impuestos a todas sus “temporalidades”) están justificados en una cuestión estadística pues dependen del número de feligreses. Y esta es la estadística que ha servido de fundamento para declarar que el Estado es confesional.
La apelación al principio de las mayorías puede parecer convincente en este caso, pero no es así. El argumento es falazmente complejo pues asume que el Estado debe ser católico en vista de que la mayoría de la población dice ser católica. Es fácil notar que tal aserto supone una respuesta afirmativa a una pregunta más de fondo y más crítica: ¿debe el Estado tener una religión? Pero la falacia no termina aquí, pues, además, se asume que si la mayoría lo dice, entonces debe ser cierto y, si la mayoría dice que profesa la “única religión verdadera”, el Estado debe profesarla también.
Pero el Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés.¿Qué tal si respondemos que el Estado no debe tener ninguna religión, aunque la mayoría de su población crea practicar la “religión verdadera”? Ciertamente, los regímenes democráticos se basan en el criterio de las mayorías para que laciudadanía tome decisiones civiles, pero esto es muy diferente a invocar tal criterio con el fin de justificar una religión oficial, solo porque una determinada feligresía es mayoritaria.
Si tenemos en cuenta la distinción entre ciudadanía y feligresía, el Estado no debe ser confesional (tampoco ateo) aunque la mayoría de sus habitantes lo sea. El Estado no es ni un ciudadano ni un feligrés, es una unidad política y territorial que, por definición y por principio, no puede tener fe alguna. La fe la tenemos o no los seres humanos, no la forma como nos organizamos políticamente dentro de un territorio.
Que la nación, como conjunto de habitantes con cierta unidad cultural, profese (o diga profesar) mayoritariamente una religión, es una realidad histórica; que la República, como forma de gobierno, y el Estado, como unidad territorial y política, tengan una religión es un anacronismo (resabio del derecho divino) que solo conduce a formas de pensamiento teocrático y excluyente.
Por eso, solamente un Estado laico puede, mediante un gobierno verdaderamente democrático, garantizar a la nación completa la libertad de cultos o la libertad de no tenerlos, y no romper con favoritismos el principio de igualdad ante la ley.
 

 

 

 

 

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